Ley de Arrendamientos Urbanos 4 2013, Introducción

El 5 de junio se ha publicado en el BOE la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, siendo su entrada en vigor al día siguiente. En consecuencia, desde el día siguiente a su publicación, es de aplicación para los contratos que se realicen después de esa fecha.

Hay que precisar que los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en esta Ley.

En el preámbulo de la Ley se exponen los motivos que la han impulsado y fija como objetivo fundamental el flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio. Dado que ya está promulgada la Ley, sería ocioso el dedicar tiempo y escritura a una crítica, por lo que vamos a centrarnos en la exégesis de la misma.

Los aspectos fundamentales son:
– El régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la Ley.
– La duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita.
– La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos.
– La previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses.
– La protección de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario, mediante la inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad.
– La exclusión del uso del alojamiento privado para el turismo, para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación.
– Una reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar las cuestiones más puntuales que están generando problemas en los procesos de desahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura.
En los siguientes capítulos abordaremos con detalle cada uno de estos aspectos.

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